Piden 90 días mas para entregar la Ley de Medios
La redacción del segundo informe del proyecto de Ley de Comunicación se estancó en la Asamblea. Los integrantes de la Comisión Especial no pudieron cumplir con el plazo establecido para entregar su informe.
Según las normas legislativas, el documento para el segundo debate debía ser presentado este jueves. No obstante, por el inicio de la etapa de vacancia en el Legislativo, la fecha cambió para el próximo 11 de marzo.
Sin embargo, los comisionados se adelantaron a pedir un nuevo plazo para entregar el informe. El viernes pasado, la titular de la Comisión, Betty Carrillo, entregó una carta donde argumentaba esa decisión. En ese documento se pidió una ampliación de 90 días, a partir del 11 de marzo.
El Consejo Administrativo de la Legislación (CAL) deberá estudiar esa propuesta de la Comisión de Comunicación y entregar una respuesta. En ella, se puede aceptar los 90 días, pueden ser menos o entregar un tiempo indefinido.
En las últimas semanas, el debate dentro de la Comisión se concentró en el acuerdo que firmaron las fuerzas legislativas para impulsar la Ley de Medios. Ese convenio, de siete puntos, implica la reforma sobre asuntos trascendentales para la ley.
Por ejemplo, se cuestionó la posibilidad de que los periodistas y los medios sean sancionados por faltas administrativas, que el Consejo de Comunicación pueda cerrar a medios y que puede ser manejado por funcionarios o personas cercanas al Gobierno.
La propuesta de los partidos políticos de la Asamblea es que no existan sanciones a los periodistas, salvo aquellas contempladas en la Constitución o en el Acuerdo de San José para los Derechos Humanos.
También que el Consejo de Comunicación tenga una representación ciudadana y que no pueda cerrar un medio, solo tenga la facultad para suspender un determinado programa, por violaciones expresas a las normas constitucionales.
En esos puntos, aparentemente, había un acuerdo, pero en la Comisión se los volvió a discutir y aparecieron nuevas versiones. Por ejemplo, la asambleísta de Alianza País, María Augusta Calle, propuso un sistema de multas económicas de hasta USD 4 500 para los periodistas que falten a su responsabilidad ulterior. Esa idea, aparentemente, no fue aceptada por su colegas.
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