11 de septiembre de 2009. Dos de la madrugada. Las olas golpean con fuerza la isla de Jambelí.

El azote de la marejada destruye una parte del malecón, casi arrasado en anteriores aguajes, y amenaza incluso a las viviendas y negocios ubicados en el sector.

La situación motiva la intervención de distintos organismos que, a lo largo de los días posteriores, mantienen sucesivas reuniones que derivan en la declaratoria de emergencia para proteger a los comuneros y a la isla -especialmente la playa-, que constituye el enclave turístico más importante de El Oro.

El Ministerio del Litoral, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Gobernación, el Municipio de Santa Rosa al que pertenece la jurisdicción, Corpecuador, el Colegio de Ingenieros Civiles y la Prefectura, entre otros, analizan diversas iniciativas y propuestas -emergentes y definitivas- y gestionan la dotación de recursos para enfrentar y solucionar el impasse.

Meses atrás, algunos pobladores habían adelantado esta situación. Entre ellos, Fernando Mora, un médico urgentista que pasa largas temporadas en la isla junto a su hijo Lucan Mora Fouteau, en una cabaña de su propiedad, había anticipado el problema a las autoridades locales e incluso a la presidencia de la república, a través de la remisión de un detallado informe.

Con la respuesta favorable de la Presidencia, conjuntamente con el gobernador, Edgar Córdova, se realizó un seminario para prever y tomar acciones sobre fenómenos naturales en el litoral sur, pero pese a las iniciativas emprendidas no se pudo obtener el seguimiento esperado.

Las advertencias del galeno, especializado en París, que ha participado en múltiples misiones humanitarias en catástrofes, epidemias y guerras en Afganistán, Marruecos, el Congo, Nicaragua, entre otros países de Asia, Africa y América Latina, cayeron en saco roto.

Todo lo planteado conjuntamente con el representante del Ejecutivo, se perdió en la maraña de la burocracia administrativa.

Se hizo entonces muy poco y demasiado puntual, para prevenir una situación que, según el facultativo “es mucho más compleja de lo que aparenta, y puede poner en considerable riesgo tanto a la poblaciones como al sistema ecológico, económico y la seguridad de las regiones involucradas en dicha afectación”.

Así lo señala en un nuevo documento remitido a fines del pasado mes a las autoridades, en el que sustenta su llamado de alerta en hipótesis que avanzan la presencia “de una separación de las islas del archipiélago que inciden sobre puntos de quiebre a determinarse”.

El hecho – explica- obedece a “la existencia de una posible falla geológica submarina (fisura) que se extiende en dirección oeste-este. El riesgo se multiplica por las peculiares condiciones de las regiones costera e insular (todas las islas) ecuatorianas, que se encuentran en una zona de alta actividad sísmica, volcánica, y por el movimiento de placas tectónicas.

A los fenómenos precedentes se asocian, además, la paulatina elevación del nivel del mar, las corrientes marinas -en especial la de El Niño-, la acelerada destrucción de manglares, el calentamiento global, y fenómenos antropogénicos (ocasionados por el hombre).

“Estas situaciones pueden tener serias repercusiones en el ámbito socio-económico, en el desarrollo de las regiones marinas e inclusive llegar a comprometer la seguridad nacional, apercibe en referencia a Puerto Bolívar; amenazar al hábitat y por ende a la población; causar la destrucción de la barrera natural y extenderse a la zona costera que protege la misma, pudiendo afectar a otros sectores cercanos, como Puerto Jelí”.

Como sustento de su argumentación, aduce que en la isla de Santa Clara – más conocida cono del Muerto- se encuentran claves geológicas relacionadas con las hipótesis.

“Habría que investigar y monitorear la existencia de aparentes alteraciones de los peces, ocasionadas presuntamente por microorganismos plantónicos, especialmente bacterias, algas, hongos o protozoarios”, dice.

Esto – explica- “puede ser debido a la alteración de los fondos marinos, a la modificación del biotipo – por posibles causas naturales: sismos, fisuras…”.

En este contexto, previene acerca de la probabilidad de que dichas alteraciones marinas presenten manifestaciones iniciales de su actividad, relacionadas con el oleaje, que igualmente deberá ser monitoreado para proteger a la navegación.

Centro de alerta temprana

Con estos antecedentes, apela a la necesidad y urgencia de crear en Jambelí un Centro de Alerta Inmediata (CAI,basado en el monitoreo e investigación CTS (científico, técnico y social), que comprende el estudio de los factores asociados a la problemática marina insular del archipiélago y sus repercusiones en el área costera continental adyacente.

“En Machala no contamos ni siquiera con un sismógrafo”, dijo en una visita dispensada a OPINIÓN, en la que advirtió además sobre las dificultades que entrañarían los procedimientos de un plan de evacuación en el caso de presentarse una emergencia.

Finalmente, apremia a adoptar las medidas requeridas y la puesta en marcha del CAI, sobre todo teniendo en cuenta que los nuevos aguajes se comenzarán a presentar en el próximo mes de diciembre.

Mora ya ha remitido a las autoridades y ministerios pertinentes, así como a la Presidencia de la República, una notificación demandando una pronta cita para exponer su proyecto, que estaría a su cargo y el de su hijo, residente permanente en la isla, quien está ultimando estudios de gestión ambiental.

“Lo más importante es saber que, sobre todo y prioritariamente, estamos hablando de la protección de vidas humanas, de su desarrollo digno y de su trabajo. Hablamos de familias humildes de pescadores, y también del mar y su gran influencia en el medio ambiente mundial”, subraya.

Normativa constitucional

El doctor Mora respalda la pertinencia de la iniciativa apelando a lo establecido en la Nueva Constitución sobre la protección de la vida y el medio ambiente y recuerda que el Art. 395 dispone que El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.

Además, evoca que el Art. 396 determina que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas)

No está de más recordar que el archipiélago cuenta con unos 900 habitantes: 310 radicados en Costa Rica, 280 en Jambelí, 80 en Pongalillo, 50 en Las Huacas, 130 en Bellavista y 50 en Casitas, la mayoría dedicados a las actividades pesqueras artesanales.

La playa de Jambelí, el principal balneario orense, registra la visita de centenares de turistas, sobre todo provenientes de la Sierra, especialmente en los feriados de carnaval, navidades y semana santa.

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